Cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida, apareció oficialmente el primer caso de espionaje del que tengamos constancia. El espionaje nace de la necesidad de ver, de saber o de controlar los actos de personas, instituciones o Estados.

Desde los relatos bíblicos, pasando por los grandes imperios de oriente y occidente, el espionaje ha sido utilizado como arma por gobernantes y personas comunes; y en la medida en que nos hemos ido tecnificando, el espionaje también lo ha hecho. Y para demostrarlo ahí tenemos el caso Pegasus, en el que tan solo bastó con enviar un mensaje por WhatsApp para tener acceso a la información.

Según la RAE el espionaje es la “actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva”. Sin embrago, en épocas como la actual,  en la que los que atentan contra el país, son en demasiadas ocasiones sus propios políticos y gobernantes, ¿no tiene el Estado todo el derecho para actuar y protegerse ante una amenaza como ésta? Cabe recordar que la ex directora del CNI es expulsada de la institución a pesar de tener órdenes legales del magistrado del Tribunal Supremo para hacer el seguimiento a determinadas personas.

Si el Estado no hiciera espionaje, no se hubieran podido evitar los muchos atentados que se han descubierto en los últimos años, y que hubieran causado el daño o la muerte de muchos inocentes. Estoy segura de que, en estos casos, todos aprobaríamos el espionaje, ya que ¿quién no quiere sentirse seguro cuando se sube al metro?

El verdadero problema de hoy no es el espionaje en sí,  si no a quién se está espiando. Según Amnistía Internacional, cada vez más son los Estados que, a través de sus agencias de seguridad, graban conversaciones de personas no sospechosas, con el fin de recoger, administrar y estudiar información que ellos dicen ser “sensible”.  Y allí es donde debe estar el debate, porque en esa labor se expían justos para encontrar pecadores.

Espiar da poder (datos) sobre el otro, tanto que permite prácticamente estar en posesión de sus pensamientos. La persona es vulnerada en toda su intimidad y queda reducida a su máximo estado de indefensión, sin que sea consciente de ello.

Y por si esto fuera poco, gracias a la tecnología, hoy cualquiera puede hacer un seguimiento de otra persona, amparándose en múltiples razones: las empresas porque anhelan nuestros datos y quieren vendernos de todo, los hackers para robarnos, las redes sociales para mantenernos en sus plataformas o manipularnos, etc.

Así que la pregunta que deberíamos estar haciéndonos es ¿en dónde está el límite de la legalidad y de la legitimidad? Todos queremos sentirnos seguros, y queremos que el Estado haga lo necesario para que esto suceda, pero al mismo tiempo ¿somos consientes de lo que ello puede implicar?

Hoy, muchos Estados que utilizan la desinformación, las fake news, y la extrapolación, han creado la paradoja “libertad vs seguridad”.  Esto en filosofía se llama un falso dilema, que es la creación de una problemática (que puede ser falsa) para la que solo se ofrecen dos únicas soluciones. En este caso, o nos espían a todos, o no tenemos seguridad.

El caso Pegasus, que es el que tenemos cerca, o el sistema chino de crédito social, al cual si no tenemos cuidado podrían llevarnos, deberían servirnos de espejo para mirarnos ante una realidad que cada día que pasa se nos quiere imponer: ¿hasta dónde seríamos capaces de privarnos de nuestra intimidad permitiendo que nos vigilen, a cambio de una “supuesta seguridad”? Libros como “1984” ya nos anticipaban lo que podría suceder…

¿De verdad la única forma de estar seguros es eliminando el derecho a la privacidad?


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